Situación Actual de los Presxs Políticxs en tiempos de Pandemia
19 Junio, 2020
Desde el estallido social en Chile iniciado en octubre de 2019, hay más de 2.500 personas en cárcel preventiva denominados como Presas y Presos Políticos de la revuelta. Estas personas no han sido condenadas por ningún delito, pero el Estado chileno ha decidido mantenerles privadas de libertad por considerarles “un peligro para la sociedad”. Entre las y los Presos Políticos se incluyen personas trans, menores de edad y comuneros Mapuche los cuales por una parte han sido tomados presos antes y durante el estallido social.
Dichas detenciones arbitrarias e ilegítimas, ocurridas durante y después de las manifestaciones pacíficas en todo el territorio chileno son parte de la respuesta represiva del Gobierno de Sebastián Piñera, que de esta manera, viola los derechos de manifestación establecidos en el artículo 19 – no. 13 de nuestra constitución política. Además de haber violado masiva y reiteradamente los Derechos Humanos de la ciudadanía, dañando y mutilando a más de 400 personas y cobrando la vida de más de 30 ciudadanas y ciudadanos.
Actualmente, la situación de las y los Presos Políticos es la siguiente:
- Coronavirus y cárceles.
La rápida expansión de las infecciones por COVID-19 ha llegado hasta las cárceles, esparciéndose entre las y los presos, quienes se encuentran en condiciones de hacinamiento, las cuales no permiten el correcto cuidado personal ni distanciamiento físico. Reportes en cárceles de hombres como en Santiago 1 y especial Puente Alto y la cárcel de mujeres de San Miguel demuestran la falta aplicación del artículo 19 – no. 9 y de los protocolos de salud del manual de derechos humanos de la función penitenciaria de la Gendarmería de Chile en el capítulo 7 y las pocas herramientas para enfrentar esta pandemia.
Dentro de las diversas protestas demandado el cambio de medida cautelar a arresto domiciliario que se han realizado en la cárcel Santiago 1, incluye que los presos se han negado a consumir la comida del presidio. A su vez han exigido el permiso de entrar comida de sus familiares. Este registro en la Región Metropolitana se extiende también en regiones, visibilizando la falta de aplicación correcta de sanidad por parte de las autoridades para proteger a la población, que incluye a las personas privadas de libertad.
- Medidas del gobierno para libertad condicional.
Entre las pocas medidas que el gobierno y el parlamento han propuesto, se incluyó una ley para dar la posibilidad de reclusión domiciliaria a personas de avanzada edad (grupo riesgo de infección) que no hayan cometido delitos “graves”. Esto dio paso a iniciar un proceso para liberar a 17 presos acusados de cometer delitos de lesa humanidad durante la dictadura de Pinochet. Las denuncias de esta injusticia fueron realizadas por varios organismos de DDHH, incluyendo la Organización de Familiares y Amigos de Presos Políticos 75 (OFAPP), Coordinadora 18 de Octubre, entre otras. Estas organizaciones lograron la cancelación de dicho proceso y además exigen al gobierno un trato justo a las y los presos políticos, destacando que “hay personas en prisión por más de 100 días y no han tenido siquiera una primera audiencia. Las carpetas investigativas se entregan con atrasos e incluso hay casos donde siquiera estas se han obtenido. La dilatación del proceso por parte de los abogados querellantes sólo logra debilitar a la defensa”.
En esta crisis sanitaria, la Coordinadora 18 de Octubre propone el arresto domiciliario para las y los presos políticos, a quienes se debería otorgar libertad absoluta una vez mejoradas las condiciones sanitarias nacionales. La OFAPP menciona en un comunicado que “el Estado de Chile, colocando por sobre todo el resguardo de la vida humana, debe cambiar de forma inmediata la medida cautelar de Prisión Preventiva por Arresto Domiciliario para todxs lxs Prisionerxs Políticos de la Revuelta. El presidente de la República, ante el estado de emergencia en que entra el país, tiene la facultad de gestionar un proyecto de ley que permita el cambio de medidas cautelares. Exigimos a los poderes del estado (ejecutivo, judicial y legislativo) contribuir de forma eficaz y oportuna para que lxs Prisionerxs Políticos cumplan el periodo de investigación de sus procesos judiciales en sus hogares, lo cual también contribuye en la disminución de los niveles de hacinamiento de los recintos penitenciarios”.
- Mujeres de la cárcel de San Miguel.
En marco del primer caso de COVID19 positivo en la cárcel de mujeres de San Miguel reportado el 6 de abril de 2020, se visibilizó la falta de perspectiva de género al aplicar las medidas sanitarias en el lugar. Aquí, las presas han debido compartir útiles de aseo debido a la falta de insumos, sumando el espacio limitado que no permite realizar la cuarentena correspondiente. Además, en situaciones poco humanitarias, a las mujeres de esta cárcel se les ha exigido separarse de sus hijos e hijas para evitar contagio, pero sin posibilidad de que las familias puedan realizar cuarentena en otros espacios bajo arresto domiciliario.
- Minorías sociales y detenciones.
Las personas que son parte de la comunidad LGTBQ+, han sido gravemente discriminadas y maltratadas durante las detenciones de la revuelta social. Estos grupos se encuentran invisibilizados y muchas personas detenidas se encuentran con sus documentos aún sin su cambio de nombre y género oficializado. De esta manera, especialmente las mujeres trans, son vejadas y agredidas por su doble condición.
- Pueblos originarios y cárceles.
En relación a las medidas de protección a los derechos humanos en contexto de la actual pandemia de COVID19, instituciones internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos CIDH, del Relator Especial de Naciones Unidas sobre Derechos y libertades fundamentales de los Pueblos Indígenas y del Foro Permanente sobre Cuestiones Indígenas de Naciones Unidas han solicitado que las medidas adoptadas incluyan el criterio respecto a la cultura de los pueblos originarios, las cuales han sido invisibilizadas constantemente por el sistema Chileno.
Bajo este mismo contexto de crisis sanitaria, integrantes de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos y del Observatorio por el Cierre de la Escuela de las Américas, han exigido que se les otorgue a las y los presos Mapuche la posibilidad de cumplir condenas en sus territorios. Este grupo interpela al Ejecutivo para “que aplique el convenio 169 de la OIT, que exige a los gobiernos la responsabilidad de desarrollar acciones para proteger los derechos de los pueblos y garantizar su integridad, específicamente, en los artículos 9 y 10 que dicen relación con el tratamiento de prisioneros”.
La vulneración diaria a los derechos de las y los presos Mapuche tiene lamentablemente una larga data. Demandas por cambio de condena y apelación a su inocencia no han sido escuchadas por las autoridades correspondientes, teniéndose que tomar medidas extremas como huelgas de hambre líquida por Ulises Neculpán, Antonio Lebu, Victor Llanquileo, Sergio Levinao, Sinecio Huelnchullán, Danilo Nahuelpi, Juan Calbucoy, Juan Queipul, Freddy Marileo y Anthu Llanca en Angol y huelga de hambre líquida indefinida por el machi Celestino Córdova Tránsito en Temuco.
- Menores de edad.
Gran parte de los 2.500 detenidos y en prisión desde la revuelta social son jóvenes, muchos menores de edad y sin antecedentes penales. Incluyendo casos como Benjamín, quien tras salir de su liceo el 7 de noviembre ha estado en prisión bajo la injusta acusación del incendio al metro Pedreros. Así también, Kevin y Mauricio se encuentran detenidos en condiciones irregulares por supuesto porte de bombas. Así como ellos, hay muchos más casos por todo el territorio nacional que se encuentran detenidos en los establecimientos del Servicio Nacional de Menores (SENAME). Esta institución ha sido constantemente denunciada por la grave vulneración sistemática a los derechos de los niños y niñas que allí residen, lo cual presenta un peligro adicional a los ya mencionados.
Ante la alarmante situación sanitaria actual, hacemos un llamado a organismos e instituciones de DDHH pertinentes, a que se manifiesten y propongan públicamente medidas que resguarden la vida de las y los prisioneros políticos para evitar infecciones por COVID19. La falta de la correcta aplicación de las leyes que constituyen en la actual Constitución Política y la nula disposición del Estado de Chile por escuchar a las entidades especializadas, los hace responsables de poner en riesgo la vida de nuestras familias, amigos y amigas. Manifestamos nuestra profunda preocupación por la vida de las y los presos políticos que se encuentran en las cárceles de Chile.
FIRMA LA CARTA ABIERTA POR LA LIBERACIÓN DE LXS PRESXS POLITICXS
Liberación Presxs Políticxs
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End date: Jul 28, 2020
Signatures collected: 332
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